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Juez Riat: condena a provincia de Río Negro a indemnizar por infección interhospitalaria

Provincia deberá pagar más de 2,5 millones a una madre

Sábado 14 de Mayo de 2011 00:00
Un fallo del juez civil Emilio Riat condenó a la provincia de Río Negro a pagar 2.601.510 pesos por una demanda presentada por la madre de una niña que al momento de nacer contrajo una infección intrahospitalaria.


El Juzgado en lo Civil Comercial y de Minería 5 de San Carlos de Bariloche a cargo del doctor Emilio Riat, condenó a la Provincia de Río Negro a pagar en diez días corridos la suma de 2.601.510 de pesos a una mujer que presentó una demanda por sí y en representación de sus hijas menores por diversos perjuicios sufridos como consecuencia de una infección que sufriera una de ellas al momento de nacer.

Se trata de la  bacteria acinetobacter contraída por la niña en el hospital local mientras permanecía internada después de su nacimiento ocurrido el 13/03/1997. La beba contrajo meningoencefalitis y escoliosis neuro muscular que provocaron daños en la motricidad, la audición, la vista, los pulmones y el intelecto.

El  Magistrado en su fallo consignó que  la menor contrajo efectivamente meningitis al infectarse con la bacteria acinetobacter en el Hospital público de esta ciudad mientras permanecía internada después de su nacimiento ocurrido el 13/03/1997. Se detalla que de acuerdo al peritaje infectológico, la niña  presentó al nacer un síndrome de dificultad respiratoria severo que motivó su ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales requiriendo procedimientos invasivos indispensables para su vida, como la colocación de catéteres endovenosos, sondas y asistencia respiratoria mecánica.

De acuerdo a los informes agregados en la causa la beba  al cuarto día presentó una sepsis tardía por acción del microorganismo acinetobacter spp, desarrollando una meningitis. El peritaje infectológico, detalla  ante las características del caso y la ausencia de riesgos obstétricos importantes, que el foco primario de la infección estuvo en alguno de los elementos invasivos utilizados. En definitiva, menciona el Juez Riat, “… para el perito infectólogo se trata de una sepsis tardía con meningitis de presunta adquisición hospitalaria asociada a los procedimientos terapéuticos invasivos imprescindibles para mantener con vida a la recién nacida. Ese peritaje es compatible con lo informado en términos abstractos por el Instituto Malbrán  y la Academia Nacional de Medicina.

La madre de la niña sufrió daños que deben indemnizarse con $ 140.000 en concepto de capital, más $ 286.375 en concepto de intereses moratorios devengados hasta hoy (artículo 622 del CCiv), calculados a las tasas ya indicadas en el considerando anterior, lo que arroja un total de $ 426.375 entre capital e intereses (artículo 165 del CPCC).

La sentencia tambioén  consigna que  la madre de niña afectada  y sus hermanas carecen de legitimación para pedir la indemnización de sus propios daños extrapatrimoniales (daños a los sentimientos, la psiquis, etcétera), porque solamente son indemnizables los daños morales del damnificado directo (artículo 1078 del CCiv).

Elena Ruiz – Oficina de Prensa – III Circunscripción Judicial


Fallo completo

Nro Exped: 13663-208-99
Fecha: 2011-05-12
Caratula: L. L. C/ HOSPITAL RAMON CARRILLO Y/U OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Sumario)
Descripcion: Sentencia.

IIIª Circunscripción Judicial de Río Negro.

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería Nro. 5

Cristian Tau Anzoátegui, Secretario

San Carlos de Bariloche, 11 de mayo de 2011.

VISTOS: Los autos “L. L. C/ HOSPITAL RAMON CARRILLO Y/U OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Sumario)” (expte. 13663-208-99).

RESULTA:

A) Que L. L. demandó por sí y en representación de sus hijas menores, a la Provincia de Río Negro la suma de $ 2.354.000, o lo que surja de la prueba más accesorios, para indemnizar los perjuicios (incapacidad sobreviniente [$ 1.100.000], daño psicológico [$ 50.000] y daño moral [$ 300.000] de C. ; daño psicológico [$ 40.000] y daño moral [$ 120.000] de L. ; gastos varios [$ 554.000] ; daño psicológico [$ 5.000] y daño moral [$ 90.000] de M.; y daño psicológico [$ 5.000] y daño moral [$ 90.000] de M.) sufridos como consecuencia de que su hija C. se infectara con la bacteria hospitalaria acinetobacter en el Hospital público de esta ciudad mientras permanecía internada después de su nacimiento ocurrido el 13/03/1997, contrayendo meningoencefalitis y escoliosis neuro muscular que le provocó daños en la motricidad, la audición, la vista, los pulmones y el intelecto (fs. 7/8, 18/30, 33/35, 58 y 61).

B) Que el Ministerio Pupilar tomó la intervención que le corresponde (fs. 45, 60 y 62).

C) Que la Provincia pidió el rechazo de la demanda porque el hospital cumplió correctamente su servicio y no hay relación causal adecuada entre su conducta y los daños invocados, ni es proporcional la indemnización pedida, ni las damnificadas indirectas tienen legitimación para resarcir su daño moral (fs. 178/191).

D) Que se abrió la causa a prueba (fs. 329) con el resultado que el secretario certificó (fs. 1323).

E) Que alegaron las demandantes (fs. 1328/1335) y la demandada (fs. 1336/1340).

F) Que el Ministerio Pupilar emitió su dictamen definitivo adhiriendo totalmente a la demanda y al alegato de las demandantes (fs. 1345).

G) Que está firme el llamado de autos (fs. 1346).

Y CONSIDERANDO:

1º) Que la relación entre un hospital público y su paciente es extracontractual, porque es una relación de derecho público que no implica un acuerdo de voluntades destinado a reglar derechos.

El derecho a recibir atención sanitaria del paciente y el deber del Estado a brindársela ya está reglado por normas preexistentes de derecho público, de modo que el paciente no celebra ningún contrato, ningún acuerdo de voluntades con el Estado. Asiste para reclamar un servicio público preestablecido, porque el Estado tiene la obligación de prestar un servicio sanitario y procurar políticas públicas para satisfacer el derecho humano a la salud de todos los habitantes, de rango constitucional (artículo 42 de la Constitución Nacional [CN]; artículo 59 de la Constitución de Río Negro [CRN]; artículo 24 y concordantes de la Convención sobre los Derechos del Niño [CDN o CRC]; artículo 12-1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [PIDESC o ICESCR]; etcétera).

Ese carácter extracontractual subsiste aunque el paciente consienta atenderse en el nosocomio público, aunque asista voluntariamente. Así como el justiciable consiente acudir a tribunales para resolver sus conflictos, o la víctima de un delito asiste a la unidad policial, o cualquiera asiste al registro de la propiedad para recabar información dominial, el paciente asiste al hospital público para recibir un servicio preestablecido por normas públicas sin celebrar ningún contrato.

Luego, el incumplimiento o el cumplimiento irregular de cualquiera de los servicios públicos a cargo del Estado genera su responsabilidad extracontractual.

2º) Que el titular de todo establecimiento de asistencia médica, sea público o privado, tiene la obligación tácita de brindar seguridad a los pacientes.

Es una obligación paralela al tratamiento principal del enfermo a quien debe, además de la atención médica, la seguridad de no provocarle otros daños por ninguna causa: accidentes por defectos de infraestructura, desorganización, infecciones, etcétera.

3º) Que la menor contrajo efectivamente meningitis al infectarse con la bacteria acinetobacter en el Hospital público de esta ciudad mientras permanecía internada después de su nacimiento ocurrido el 13/03/1997.

De acuerdo con el peritaje infectológico (fs. 901/903), presentó al nacer un síndrome de dificultad respiratoria severo que motivó su ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales requiriendo procedimientos invasivos indispensables para su vida, como la colocación de catéteres endovenosos, sondas y asistencia respiratoria mecánica (fs. 901/903). Al cuarto día presentó una sepsis tardía por acción del microorganismo acinetobacter spp, desarrollando una meningitis. De acuerdo con el peritaje infectológico, ante las características del caso y la ausencia de riesgos obstétricos importantes, el foco primario de la infección estuvo en alguno de los elementos invasivos utilizados. En definitiva, para el perito infectólogo se trata de una sepsis tardía con meningitis de presunta adquisición hospitalaria asociada a los procedimientos terapéuticos invasivos imprescindibles para mantener con vida a la recién nacida. Ese peritaje es compatible con lo informado en términos abstractos por el Instituto Malbrán (fs. 665/666) y la Academia Nacional de Medicina (fs. 918 y 1103).

En coincidencia con lo anterior, según el peritaje neurológico, la niña presentó efectivamente desde el cuarto día síntomas y secuelas relacionados con la meningitis bacteriana (fs. 1173/1180); de acuerdo con el peritaje traumatológico, todo parece indicar que la escoliosis neuromuscular de la niña es consecuencia de una meningitis nenonatal (fs. 1170/1171); y, conforme el peritaje otorrinolaringológico, es muy probable que la hipoacusia neurosensorial bilateral que presenta sea una secuela de la meningitis por acinetobacter que aquélla sufriera después de nacer (fs. 1185 y 1202).

Todos esos peritajes cumplieron, en diversas medidas, los recaudos legales mínimos (artículo 472 del CPCC) y tienen valor probatorio de acuerdo con las reglas de la sana crítica (artículo 386 del CPCC), aunque quedaran sin respuesta algunas explicaciones no esenciales de la neuróloga (cuya presentación original fue muy exhaustiva) y fuera extremadamente escueto el otorrinolaringólogo. Por lo demás, el peritaje infectológico fue impecable, característico del perito que lo practicó.

A su vez, los profesionales que atestiguaron aludieron a la normal presencia de tal bacteria en los hospitales (fs. 618 y 656/657).

En fin, hay elementos suficientes para juzgar que se trató de una infección hospitalaria.

4º) Que el deber tácito de seguridad antiséptica requiere del nosocomio, sea público o privado, un programa de prevención, vigilancia y control de las infecciones; un obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (artículo 902 del CCiv).

Así, por ejemplo, en el ámbito federal existe el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (Resolución 432/1992 del Ministerio de Salud de la Nación, refrendada por el decreto 1424/1997) en cuyo contexto se dictaron las Normas de Prevención y Control de la Infección Hospitalaria (resolución 355/1999) entre muchas otras (ver, por ejemplo, “Infecciones Hospitalarias. Legislación en América Latina”, documento técnico HDM/CD/A/500-07 en la página web de la Organización Mundial de la Salud).

De acuerdo con el peritaje del infectólogo, un programa para el control de infecciones hospitalarias implica un conjunto de tareas diseñado e implementado por personal especialmente capacitado que incluya, resumidamente, una serie de elementos como vigilancia epidemiológica, recolección de datos, definiciones estandarizadas que permitan comparar las tasas de un establecimiento con otro, normativas escritas sobre higiene de manos, política de aislamiento, prevención de infecciones asociadas a catéteres, sondas, respiradores, cirugías, etcétera, profiláxis antibiótica, procesamiento de endoscopios, desinfección y esterilización, higiene hospitalaria, etcétera. Y muy especialmente un monitoreo del cumplimiento de las normativas. Según el mismo peritaje, las evidencias científicas demuestran que un programa de control idóneo, dinámico y permanente con personal entrenado y capacitado reduce considerablemente las infecciones hospitalarias aunque no las elimine completamente, lo cual explica las diferencias entre un establecimiento y otro -incluso en una misma ciudad- respecto de sus tasas de infección.

En el mismo sentido, según el Instituto Malbrán, las buenas prácticas indican que un hospital debe contar con un comité de infecciones, un cumplimiento adecuado de las medidas de control, un monitoreo de la prevalencia de microorganismos y su sensibilidad a los antimicrobianos en las áreas de mayor riesgo, siendo justamente neonatología una de ellas, y una limitación cuando sea posible de los procedimientos invasivos aplicados (fs. 665).

5º) Que el dueño o responsable del nosocomio es el único que está en condiciones de probar la efectiva aplicación y monitoreo de un programa de prevención.

Un nuevo análisis de esta cuestión demuestra que, ante el carácter dinámico de la carga probatoria, resulta estéril establecer si la obligación de seguridad antiséptica es de medios o resultado, clasificación doctrinaria cuya única utilidad es determinar si el acreedor tiene la carga de probar la negligencia del deudor, o si esa negligencia se presume y el deudor tiene la carga de desvirtuarla. Como sea, si se admite que la carga en cualquier caso es dinámica, debe recaer fundamentalmente en el deudor, porque el nosocomio es virtualmente el único que puede probar su diligencia acreditando fehacientemente aquel programa. No se puede exigir al paciente ninguna prueba sobre algo tan lejano a sus dominios.

6º) Que no se acreditó en este caso la efectiva aplicación y cumplimiento de algún programa escrito, riguroso, monitoreado, registrado y a cargo de personal especializado para prevenir infecciones hospitalarias, menos aún para prevenir concretamente la acción del microorganismo en cuestión.

La documentación acompañada por la Provincia no lo menciona ni acredita (fs. 91/177). Tampoco surge del testimonio brindado por los profesionales intervinientes, de los cuales se infieren hábitos antisépticos elementales y consuetudinarios en vez de un estricto programa con aquellas características (fs. 618, 620, 622, 656/657 y 793). Interesa particularmente el testimonio del encargado del laboratorio de bacteriología del hospital, quien aludió a normas de prevención como lavado de manos, esterilización de todo el material, limpieza general y utilización de descartables (fs. 620), pero no se refirió a ningún protocolo escrito de procedimientos, ni a monitoreos regulares y pautados, ni a la existencia de algo similar a un comité de infecciones, ni a cuántos y quiénes integraban el personal especializado a cargo de la vigilancia antiséptica, si es que había un equipo de esa índole. De modo que aquellos recaudos lucen insuficientes comparados con las buenas prácticas sugeridas por el Instituto Malbrán y el peritaje infectológico, lo cual se corrobora con la efectiva infección de otros pacientes en los meses anteriores y posteriores referidas por el mismo testigo (fs. 620).

En síntesis, el incumplimiento del deber tácito de seguridad debe imputarse en este caso a la Provincia, sobre quien pesa el deber de reparar las consecuencias perjudiciales (artículos 505 [inciso 3], 901 a 906 y 1109 del CCiv).

7º) Que la menor sufrió daños que deben indemnizarse con $ 854.205 en concepto de capital, más $ 1.747.305 en concepto de intereses moratorios devengados hasta hoy desde marzo de 1997 (artículo 622 del CCiv), calculados a la tasa mix entre marzo de 1997 y mayo de 2010 (STJ, “Calfín”), y a la tasa activa, nominal, anual y vencida de la cartera general de préstamos a treinta días del Banco de la Nación Argentina entre junio de 2010 y la fecha de esta sentencia (STJ, “Loza Longo”), lo que arroja un total de $ 2.601.510 entre capital e intereses (artículo 165 del CPCC).

En términos genéricos se entiende por “daño resarcible” todo detrimento cierto (suficientemente probable), relevante (significativo, no irrisorio), subsistente (no reparado aún por el responsable) y propio (sufrido personalmente por la víctima, ya sea en forma directa o indirecta) que afecte un interés legítimo jurídicamente protegido (provisto de legitimación) y esté causado por un acto antijurídico subjetiva u objetivamente imputable (artículos 519, 901 a 906, 1066 a 1068, 1079 y 1113 del Cciv).

Ese capital ($ 854.204) está compuesto por las siguientes partidas:

a)  $ 210.000 para indemnizar todos los daños emergentes, actuales y futuros, causados por los gastos, fundamentalmente médicos.

Según el peritaje neurológico, el pronóstico de la meningitis bacteriana del recién nacido es generalmente malo, con frecuentes secuelas neurológicas permanentes. La niña sufre como consecuencia de la meningitis una hipoacusia profunda por la cual está equipada con audífonos desde los 45 días de vida; tiene una moderada hipotonía muscular difusa que contribuyó a la aparición de la escoliosis; y padece una moderada dilatación cuadriventricular de acuerdo con la tomografía computada cerebral que le fue practicada. Por esas consecuencias permanentes necesitará controles neurológicos periódicos con electroencefalogramas o equivalentes que en cada ocasión se determinen (EEG de sueño, EEG prolongado, mapeo cerebral, polisomnografía) para determinar la aparición de descargas cerebrales (paroxismos) que puedan llegar a producir convulsiones, como las que ha tenido esporádicamente, tratadas con medicación anticonvulsiva. Esos controles deberán realizarse por lo menos dos veces al año durante la infancia y la adolescencia, y una vez al año después de los veintidos años de edad. También deberá realizarse anualmente tomografías cerebrales o resonsancias magnéticas de cerebro para controlar la evolución de la dilatación cuadriventricular, más todos los controles que indiquen el traumatólogo y el otorrinolaringólogo; y además necesitará maestra integradora (fs. 1173/1180).

A su vez, según el peritaje traumatológico, C. padece una alteración moderada en la marcha que mejoró con un tratamiento quirúrgico; a raíz de la meningitis presenta escoliosis neuromuscular cuyas consecuencias son dolor dorsolumbar y en miembros inferiores, pérdida gradual de la deambulación, dificultad para sentarse, disfunción pulmonar, neumonías y bronquitis recurrentes, posibles complicaciones quirúrgicas; todo con pronóstico reservado ya que debería someterse a cirugías mayores probablemente reiteradas, con posibles dificultades respiratorias. Según el mismo peritaje, la niña ya fue sometida a una cirugía de artrodesis de columna (fijación) en la ciudad de Buenos Aires, la cual restringió la movilidad de la raquis en un 80% del total y en un 100 % en la parte artrodesada. Esa cirugía tiene un costo aproximado de u$s 40.000 y es muy probable que necesite otra en algún centro especializado a lo largo de su crecimiento, con costos mayores en función de las probables complicaciones de su evolución. También deberá realizar durante toda la vida estudios de control, tres sesiones semanales de quinesiología (ver www.rae.es), radiografías semestrales o anuales y RNM bianuales en centros igualmente especializados (fs. 1170/1171).

Según el peritaje otorrinolaringológico, la niña padece como consecuencia probable de la infección una hipoacusia neurosensorial irreversible, con una pérdida promedio de aproximadamente 90 db para los dos oídos y los consecuentes transtornos de discriminación que ello supone. A raíz de esa hipoacusia está equipada con otoamplífonos en ambos oídos (fs. 1185 y 1202), lo cual se corroboró con la informativa (fs. 763), al igual que el costo con sus accesorios (fs. 536 y 756). Cabe prever diligentemente que los audífonos tendrán una vida útil limitada ante el uso permanente, como cualquier dispositivo, aunque la vendedora informara lo contrario (fs. 536). A su vez, de acuerdo con el testimonio de la profesora de sordos y terapeuta del lenguaje que la atiende, la niña necesitará sesiones de rehabilitación de por vida, superiores a tres por semana (fs. 612/613).

Según el peritaje psicológico, la menor sufre un transtorno multisistémico del desarrollo, que se manifiesta en un deterioro significativo de la comunicación (verbal, gestual y escrita) y del procesamiento sensorial, aunque puede comprometerse en una relación emocional y social con su madre. También se manifiesta en el retraso intelectual con serias dificultades para el aprendizaje (tanto intelectual como social), por lo cual necesita una educación especial y diferenciada. Sus vínculos se limitan al grupo familiar ya que no puede mantener lazos externos, ni puede integrarse en una escuela común, ni tiene conciencia de su enfermedad (fs. 1128/1134).

De acuerdo con los peritajes, esos daños tienen relación causal adecuada con la meningitis y ninguna prueba permite asociarlos con alguna patología congénita, o con los antecedentes familiares (fs. 588/602, 627/644, 794/811, 856/870 y 875/900) a pesar de los esfuerzos de la demandada por asociarlos (fs. 1336/1340). Por cierto que la beba nació con serios problemas de salud y necesitó la terapia invasiva causante de la infección, pero todos los peritajes e informes dan por suficientemente probable la relación causal entre las secuelas aquí detalladas y la meningitis. Por lo tanto, es intrascendente la confesión ficta que pretendió la demandada respecto del pliego que presentó, referida a los antecedentes familiares (fs. 575 bis).

Por su parte, la abundante prueba informativa dio cuenta de la cirugía, los medicamentos, insumos, prestaciones, internaciones y numerosas atenciones médicas ya recibidas por la niña con distintos profesionales en diferentes establecimientos y ciudades (fs. 395, 397/484, 536, 570/573, 623, 624, 646/654, 682, 685/705, 710, 720/723, 725, 729/741, 745/756, 763, 765/773, 852/854, 924/925, 995/998, 1036/1094, 1095/1100, 1101, 1122/1128, 1158 y 1214/1303). Entre esos tratamientos resalta la intervención quirúrgica a la que fue sometida en el Hospital Garrahan de Buenos Aires en el año 2006 (fs. 1214/1303).

Además, la niña cuenta con certificado de discapacidad (fs. 540/544 y 558/568), necesita una maestra integradora, de acuerdo con el testimonio de la docente que cumple esa función (fs. 790) y un cuidado constante de su entorno familiar como surge de la testimonial rendida al respecto (fs. 608 y 609).

Todo lo reseñado sucintamente sugiere la cuantía considerable de los gastos e inconvenientes provocados por la infección. Por lo tanto, la menor necesitó y necesitará diversos gastos fundamentalmente médicos para la buena atención que merece, y alcanza con que esos gastos sean verosímiles, aunque no exista prueba específica sobre sus montos y haya mediado una obra social o un establecimiento sanitario público, porque los medicamentos, la atención, el tratamiento, los traslados y las consiguientes complicaciones domésticas nunca son completamente gratuitos. Por todo ello, por la evidente carestía de todas esas secuelas se justifica la suma de $ 350.000 por todo concepto (artículos 1086 del CCiv y 165 del CPCC).

Ahora bien, dado que esa suma comprende el daño emergente tanto actual (gastos ya efectuados) como futuro (gastos por realizarse) y que la madre  solventó hasta ahora todas las erogaciones necesarias (artículo 267, último párrafo, del CCiv), las cuales deben reputarse de una incidencia proporcional significativa ya que los gastos parecen especialmente onerosos durante el crecimiento de la menor (cirugía correctiva, aprendizaje, integración, rehabilitación, etcétera), se encuentra razonable indemnizar a la niña con un 60 % de la suma total reconocida, vale decir con $ 210.000, y a la madre con el resto, con lo cual queda satisfecha su pretensión (fs. 58, punto II, último párrafo).

b) $ 344.205 para indemnizar el lucro cesante por deterioro de la capacidad lucrativa.

En este punto sólo se considera el daño estrictamente patrimonial provocado por la incapacidad; es decir el lucro cesante que necesariamente habrá de padecer la niña. Por supuesto que la incapacidad también afecta los intereses extrapatrimoniales de la persona, como los sentimientos, el espíritu, las relaciones sociales, e incluso la integridad psíquica. Pero esos aspectos se tendrán en cuenta al fijar el resarcimiento de los rubros extrapatrimoniales reclamados; vale decir los daños morales. En este punto sólo interesa el efecto patrimonial, el deterioro de la capacidad lucrativa; es decir, el lucro cesante o la pérdida de una chance lucrativa.

Se trata de establecer el capital que esta niña necesitará para producir las rentas periódicas que compensen el deterioro de su capacidad lucrativa, equivalentes al lapso normal de una vida lucrativa útil, hasta agotarse dicho capital en el último período lucrativo. Con otras palabras, se trata de indemnizar con un capital que puesto a interés con la tasa pasiva predominante en el mercado (se acepta corrientemente un 6 % anual) fructifique lo necesario para resarcir las rentas periódicas perdidas. Por supuesto que a mayor tasa de interés la rentabilidad será menor y por lo tanto menor el capital indemnizatorio que corresponda. Por lo demás, la depreciación monetaria no impide ni desaconseja aplicar este método, ya que el damnificado puede, si desea neutralizarla, convertir el capital inicial a moneda estable e invertirla del mismo modo para obtener una renta nominalmente distinta pero adquisitivamente idéntica en una moneda constante.

Las secuelas de la infección evidentemente malograron por completo la futura capacidad lucrativa de la niña, porque de acuerdo con el cuadro descripto en los peritajes es absolutamente improbable que en su vida adulta pueda ejercer una actividad regularmente rentable. Es justo indemnizar ese deterioro total y permanente porque todo individuo tiene derecho al goce pleno de sus facultades sea cual fuere la actividad que quiera emprender y con independencia de la que efectivamente ejerza. Es incluso indemnizable el lucro cesante futuro, como en este caso.

Por tratarse de una menor de edad y no existir ningún indicio de cuál habría de ser su capacidad lucrativa si no se hubiese producido el daño, cabe tomar como renta referente y probable el salario mínimo vital y móvil ($ 1.840 mensuales), equivalente a una renta anual de $ 22.080. Por ende, será necesario un capital de $ 344.205 que, colocado a una tasa del 6 % anual, genere una renta anual de $ 22.080 hasta agotarse en 47 años, que es lapso normalmente lucrativo entre los 18 y los 65 años de edad.

c)  $ 300.000 para indemnizar todos los daños morales o extrapatrimoniales, incluyendo la incapacidad en su aspecto inmaterial, el daño psicológico, y el daño a los sentimientos causados por las secuelas de la enfermedad infecciosa del caso.

En reiterada revisión de un criterio sentado en muchos precedentes, conviene otorgar una reparación global que compense todos los daños extrapatrimoniales sin distinciones, porque los derechos subjetivos extrapatrimoniales susceptibles de perjuicio no tienen límites precisos. Por ejemplo, el límite entre la psiquis y los sentimientos es tan vaporoso, tan impreciso, que la distinción entre daño “psíquico” y daño “moral” (en sentido restrictivo, como daño a los sentimientos o al espíritu) parece un artificio francamente ilusorio. Y otro tanto podría decirse del daño “biológico”, el daño a la “salud”, el daño “corporal”, el daño a la “capacidad”, el daño “estético”, el daño al “proyecto de vida”, etcétera, padecimientos que por muy reales son imposibles de separar nítidamente entre sí. Esas distinciones innecesarias suenan extravagantes para el sentido común y sólo sirven para cometer injusticias, superponiendo u omitiendo ciertas indemnizaciones, reconociendo a unos lo que se niega a otros, según el criterio meramente semántico imprevisible de cada intérprete. Evidentemente, no son daños autónomos que justifiquen indemnizaciones separadas (sobre daño estético ver, por ejemplo, Borda, Guillermo, “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, tomo I, parágrafo 154 bis, 9ª edición actualizada por Alejandro Borda, La Ley, 2008). Importa que el juez aprecie todo el cuadro extrapatrimonial y lo compense con la suma única que considere justa por todo concepto, sin distracciones inútiles.

Como los daños extrapatrimoniales son literalmente irreparables con dinero, su indemnización es en verdad una compensación o recompensa patrimonial (“compensación” en sentido vulgar) por el menoscabo extrapatrimonial, en vez de un resarcimiento en sentido técnico (artículo 1083 del CCiv). Esa compensación debe mensurarse en abstracto, con independencia del valor económico de los daños materiales si los hubiera, del modo más objetivo posible, y con criterios relativamente uniformes. Lamentablemente, no existen fórmulas matemáticas para calcularla.

Con esas salvedades y teniendo en cuenta los precedentes del fuero, se juzga razonable la suma indicada como capital para este rubro (artículos 1078 del CCiv y 165 del CPCC).

8º) Que L. L. /(MADRE DE LA NIÑA) sufrió daños que deben indemnizarse con $ 140.000 en concepto de capital, más $ 286.375 en concepto de intereses moratorios devengados hasta hoy (artículo 622 del CCiv), calculados a las tasas ya indicadas en el considerando anterior, lo que arroja un total de $ 426.375 entre capital e intereses (artículo 165 del CPCC).

Ese capital corresponde en virtud de lo expuesto en apartado “a”, último párrafo, del considerando anterior.

9º) Que la madre de la niña y sus hermanas carecen de legitimación para pedir la indemnización de sus propios daños extrapatrimoniales (daños a los sentimientos, la psiquis, etcétera), porque solamente son indemnizables los daños morales del damnificado directo (artículo 1078 del CCiv).

Damnificado indirecto es quien sufre un perjuicio por el perjuicio de otro; quien ve lesionado un interés propio satisfecho a través de un bien jurídico ajeno que ha sufrido un daño. En principio, cualquiera que acredite un perjuicio derivado del perjuicio de otro tiene derecho a reclamar una indemnización (artículo 1079 del CCiv), pero ese principio reconoce algunas excepciones previstas en la misma ley que en algunos casos deniega legitimación para reclamar resarcimientos específicos aunque se trate de daños efectivamente sufridos, como ocurre con el daño extrapatrimonial (artículo 1078 del CCiv), concepto que comprende todos los rubros morales, incluidos los daños psíquicos, de acuerdo con la revisión de criterios ya mencionada.

10º) Que lo dicho es suficiente para: a) condenar a la Provincia de Río Negro a pagar en diez días corridos a C. L. L. la suma de $ 2.601.510 ($ 854.205 en concepto de capital y $ 1.747.305 en concepto de intereses moratorios) y a L. L. /(madre) la suma de $ 426.375 ($ 140.000 en concepto de capital y $ 286.375 en concepto de intereses moratorios), en ambos casos más los nuevos intereses moratorios que cada una de esas sumas liquidadas devenguen a la tasa activa, nominal, anual y vencida de la cartera general de préstamos a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta el efectivo pago en caso de incumplimiento en término (artículo 623 del CCiv), bajo apercibimiento de ejecución; y b) Rechazar la demanda respecto de las restantes pretensiones.

Sólo deben tratarse las cuestiones y pruebas conducentes para la correcta solución del litigio (Fallos 308:584; 308:2172; 310:1853; 310:2012; etcétera).

11º) Que la Provincia debe pagar las costas del juicio porque no hay razones para omitir el principio general (artículo 68 del CPCC).

Aunque la demanda prospera por monto inferior al reclamado no se da un caso de pluspetición inexcusable porque la indemnización fijada dependió del arbitrio judicial, al margen de que la demandada no se allanó por monto alguno (artículo 72 del CPCC).

Y 12º) Que por razones prácticas conviene diferir la regulación de honorarios hasta que exista firmeza sobre la una condena en costas y la base regulatoria.

En consecuencia,

FALLO: I) Condenar a la Provincia de Río Negro a pagar en diez días corridos a C. L. L. la suma de $ 2.601.510 y a L. L. la suma de $ 426.375, en ambos casos más los nuevos intereses moratorios que cada una de esas sumas liquidadas devenguen a la tasa activa, nominal, anual y vencida de la cartera general de préstamos a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta el efectivo pago en caso de incumplimiento en término (artículo 623 del CCiv), bajo apercibimiento de ejecución. II) Rechazar la demanda respecto de las restantes pretensiones. III) Condenar a la Provincia de Río Negro a pagar las costas del juicio. IV) Diferir la regulación de honorarios hasta que queden firmes la condena en costas y la base regulatoria. V) Protocolizar, registrar y notificar esta sentencia.

Emilio Riat
juez

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